miércoles, 29 de diciembre de 2010

De jueces y prevaricadores.

Noticias sobre resoluciones chocantes de nuestros jueces nos llegan con frecuencia desde escandalizados medios de comunicación. Hay que reconocer que a veces ese escándalo nace de la ignorancia de los periodistas, que desconocedores del Derecho, no comprenden las consecuencias de su recta aplicación. Otras veces, sin embargo, ni los más eximios juristas pueden dar una explicación medianamente razonable o coherente de las insensateces de sus señorías.

En nuestro país es rara la condena por prevaricación (resolución injusta dictada a sabiendas de que lo es) de un juez o magistrado. Algunas ha habido, cierto, pero en la mayoría de las ocasiones, sentencias con un innegable tufo a prevaricación se liquidan con un recurso judicial ante la Sala correspondiente. Y el fiscal, seguramente por un resabio corporativista, no va más allá.

Anteayer mismo conocimos el auto de la Audiencia Provincial de Castellón en el que retorciendo la ley al más puro estilo Federico Trillo, se declaran prescritos determinados delitos fiscales de Carlos Fabra, personaje santo y seña de la política valenciana del PP. El Ministerio Fiscal, por supuesto, recurrirá, pero ¿es eso suficiente? ¿No nos encontramos ante una de esas resoluciones escandalosas tan inexplicables como injustas? ¿No sería conveniente añadir a la revisión jurídica del auto, la de la conducta de quienes lo han dictado? Porque a mí me parece que este tipo de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales locales en cuestiones que involucran a políticos de la zona, como sucedió en su día con los trajes de Camps, pueden tener un fundamento diferente al que sugiere la propia norma aplicable.

La mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino también parecerlo. La más mínima sospecha de contubernio entre el poder político y el judicial debe investigarse a fondo para, en su caso, enviar a la cárcel a quienes hubieren traspasado la línea que separa la incompetencia o la mala praxis jurídica de la mala fe. Porque si no, sería lícito pensar también que detrás de esas demandas de poderes judiciales propios por parte de determinadas Comunidades Autónomas no se esconde sino el deseo de controlar políticamente a los órganos jurisdiccionales que en un momento dado van a ser competentes para juzgar a los políticos que los gobiernan.

Y es que tiene narices que en España se vaya a enviar a la cárcel por prevaricación al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que quienes utilizan sus estrados para garantizar la impunidad de políticos corruptos o, al menos, como instrumento de su ideología política, no sólo queden también impunes, sino que, además, sean beneficiarios de ascensos en su carrera profesional u otras prebendas políticas obtenidas como pago a sus servicios.

Todo ello presuntamente, claro.

jueves, 23 de diciembre de 2010

¿Cómo que no piensa dimitir?

Una ministra trabajando para el PP.
Con todo descaro la ministra Ángeles González-Sinde dice que no piensa dimitir. Señora González-Sinde: usted ocupa un cargo por delegación de la industria del entretenimiento (no me atrevo a poner cultura, porque no creo yo que engendros como el Aserejé, Ahí viene Condemor o las memorias de Mario Conde merezcan ese calificativo, que son palabras mayores), y en defensa de ella ha intentado colar una normativa flagrantemente atentatoria contra los derechos civiles de los ciudadanos. Además amparándose en un gobierno socialista sustentado por un partido político en el que no milita.

A mi esta desvergüenza me recuerda a la del felizmente destronado lehendakari Ibarreche, que tras montar la que montó con su famoso plan, y ser éste rechazado en el Congreso por una abrumadora mayoría (¡qué gran discurso de Rubalcaba!) siguió dirigiendo su gobierno impasible el ademán.

Señora González-Sinde: usted ha fracasado en su torticera misión. Una misión servil de unos intereses económicos muy determinados y ajena a la mayoritaria voluntad del electorado que ha contribuido a que usted sea ministra de España (ni en sus mejores sueños…). Un electorado que tiene auténticos problemas para justificar medidas tan injustas y tan poco socialistas como el canon digital o el abusivo cobro de derechos de autor por la representación de una obra de teatro en un colegio o por la colocación de una radio en una peluquería.

Así que haga sus maletas, vuelva a sus películas, y dé gracias por esa magnífica pensión vitalicia que le va a quedar y que todos pagaremos con esos años de trabajo (trabajo de verdad) extra que otro ministro “socialista” nos va a imponer a todos los curritos de este país.

viernes, 10 de diciembre de 2010

Los riesgos de vivir en un mundo irreal.

No le demos más vueltas. Lo que les ha pasado a los controladores no es más que la consecuencia de vivir en un mundo irreal.

Un chaval de veintipocos años sin más formación que la de un diplomado universitario (antes) o un bachiller (ahora) que de la noche a la mañana consigue un empleo con una remuneración de 300.000 euros al año (o más, mucho más), con sólo 1.200 horas de trabajo anual, con billetes de avión gratis, con una retirada a los 55 años con el sueldo completo, con muchísimo tiempo libre y muchísimo dinero para gastar en lo que quiera, amparado por un sindicato que le hace creer que su poder sobre la empresa y la sociedad es imparable… Así es fácil pensar que todo el monte es orégano y no darse cuenta de que todas esas condiciones de trabajo extraordinarias tienen que llevar también aparejada una responsabilidad extraordinaria. Ya dije en un post anterior dónde tenían que mirar los controladores para ver al culpable del “deterioro” de sus condiciones de trabajo y por qué (http://estabanavisados.blogspot.com/2010/08/tanto-va-el-cantaro-la-fuente.html). Pues bien, ahora, la irresponsabilidad de algunos de ellos y el hartazgo del Gobierno y del Estado (nunca mejor dicho) va a terminar con muchos de sus privilegios, incluidos sueldo y horario. Bienvenidos al mundo real (aunque seguro que al final no es para tanto).